La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el reconocimiento total de responsabilidad efectuado por Argentina y, por consiguiente, la condenó por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, igualdad y no discriminación de un ciudadano uruguayo afrodescendiente.
La víctima fue arrestada y detenida el año 1996, a la salida de una discoteca en el centro de Buenos Aires bajo la premisa de que se encontraba ebrio, por lo que fue conducido, junto con otras dos personas afrodescendientes a una comisaría. Al estar detenido sufrió una serie de golpes por parte de la policía, de tal gravedad que falleció durante el traslado al hospital.
En la audiencia pública ante la Corte, el país trasandino reconoció su responsabilidad por los hechos y las violaciones alegadas y solicitó que estableciera las medidas que entendiera pertinentes para reparar estas violaciones de forma integral.
La Corte razonó que la normativa que se utilizó para justificar el arresto de la víctima, no cumplió con la garantía de certeza al señalar como conducta sancionable encontrarse “en completo estado de ebriedad”, ya que ello deja un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación por parte de las autoridades. Asimismo, concluyó la detención se debió en realidad, a la aplicación de perfiles raciales por parte de la policía argentina, por lo que consideró su accionar discriminatorio y, por consiguiente, arbitrario.
En razón de las violaciones encontradas, la Corte ordenó medidas de reparación. Entre ellas, se ordenó a Argentina capacitar a las fuerzas policiales sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como el uso de perfiles raciales en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones. Asimismo, se ordenó la implementación de mecanismos que permitan un registro de las detenciones arbitrarias, basadas en perfiles raciales, en particular, las detenciones llevadas a cabo en contra de personas afrodescendientes.
Fuente: DiarioConstitucional.cl
