Hasta ahora, los empleados no han tenido ninguna notificación oficial sobre el estatus del local y de la llegada de la liquidadora titular, Bernardita Alejandra Lavín Valdés.
Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define a los trabajadores de la Casa García, luego que la semana pasada se conociera determinación del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles que aceptó solicitud de liquidación (quiebra voluntaria), la cual fue hecha por Rafael Abad García, en su calidad de representante de “Abad, García y Pons SpA”, sociedad que figura como la dueña de la tradicional tienda local.
De acuerdo a lo informado al medio La Tribuna por los propios empleados, hasta ahora no han tenido ninguna notificación oficial sobre el estatus del local y de la llegada de la liquidadora titular, Bernardita Alejandra Lavín Valdés, quien fue nombrada por el tribunal para hacerse cargo de la tienda en este proceso.
Se trata de un grupo de 45 trabajadores, los cuales dejaron de prestar servicios en abril pasado y se acogieron a la suspensión de su contrato, bajo la Ley de Protección del Empleo, que les permitía mantener el vínculo contractual mientras percibían ingresos con cargo al Seguro de cesantía.
Sin embargo, dicha condición laboral está por expirar en la próxima semana, lo cual abre una nueva interrogante acerca de lo que sucederá con estos empleados a quienes se les adeudan sueldos, cotizaciones previsionales, finiquitos, indemnizaciones por años de servicio, entre otros. A este grupo se le suman otros 12 de la tienda en Chillán y un número similar en la ciudad de Concepción donde la empresa mantenía sucursales.
Por lo pronto, la tienda situada en pleno centro de Los Ángeles sigue con sus puertas abiertas para la atención de público, aunque los espacios habrían sido arrendados a empresas que tienen ropas de marca para comercializar las prendas de vestir.
En principio, los trabajadores están esperando de ser notificados de su nueva condición una vez que los coloca dentro de los acreedores.
En el escrito del tribunal, junto con explicitar que la petición se fundamenta en la cesación de pagos, la empresa entregó un inventario de los bienes y la nómina de acreedores.
El monto adeudado a la fecha llega a los $5.346 millones, de los cuales cerca de la mitad ($2.686 millones) corresponderían a préstamos sin documentar que fueron otorgados por familiares de la misma empresa. De hecho, el mayor acreedor es el propio Rafael Abad García, quien figura como representante legal de la compañía a quien se le adeudaría poco más de $1.202 millones. En segundo lugar, está Comercial e Inversiones “Principado” por $686 millones, cuyo domicilio está en la misma tienda. También otras empresas con la misma dirección, como la Sociedad de Inversiones Campomanés ($136 millones), la Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor ($544 millones) y la Comercial Asturias ($25 millones).
La tienda sostuvo que las deudas fueron ocasionadas por la caída sostenida de las ventas producto de la competencia en el rubro del retail, los elevados gastos operacionales atribuidos a “un sistema un modelo de operaciones añejo y obsoleto”, la apertura de una tienda en Chillán cuyo costo fue de 750 millones de pesos sin que generara ganancias, además de los efectos del estallido social de octubre del año pasado y el cierre del local en la atención a público por la pandemia del coronavirus.
Fuente: LaTribuna.cl
